Grupo Trabajo.
La Regulación del Desarrollo Económico Sostenible

Coordinador: Domenico Sinesio (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Comentarista: Antonio Capasso(Università degli Studi di Napoli Federico II )

Resumen: 

El crecimiento económico no es un fin en sí mismo. La economía debe estar al servicio de los ciudadanos y del planeta. Los problemas climáticos y ambientales, el progreso tecnológico y el cambio demográfico están destinados a transformar profundamente nuestras sociedades «(Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 de la Comisión de la UE). Sobre la base de esta premisa básica que se puede compartir, la mesa redonda tiene como objetivo investigar el papel de las principales ramas del derecho en el desarrollo de una economía compatible con los fines indicados.
El crecimiento económico sostenible,sobre todo, significa economía circular.
El plan de acción de la Comisión de la UE para 2015 es la estrella polar «allanando el camino para una economía de impacto climático cero donde la presión sobre los recursos naturales y de agua dulce y los ecosistemas se minimiza»(Relacion Comision UE, 4.03.2019). Esto implica adaptación de procesos industriales hasta la reducción del consumo de energía, innovación de materiales, prevención de residuos, reciclaje y reducción de productos químicos peligrosos, y mucho más.
La ley interviene con sus instrumentos tradicionales -quizás, entre poco tiempo, regulando aun la inteligencia artificial al servicio de la economía circular- para alentar modelos de crecimiento virtuosos, esbozar tipos de contratos innovadores, introducir formas alternativas de trabajo, guiar la conducta de los empresarios a través de la provisión de responsabilidades y sanciones para decisiones que entren en conflicto con estos propósitos.
La mesa redonda examinará las tendencias regulatorias que tienen lugar en algunos sistemas legales de los Países miembros, a empezar desde lo más encomiable de esta parte del siglo, es decir, la modificación del arte. 1833 del código civil francés (ley n. 2019-486 del 22.05.2019),que -siguiendo los cambios significativos de el Companies Act de 2006 – ha dispuesto que los directores, en la gestión de la empresa, persiguen el interés social considerando, al mismo tiempo, las implicaciones sociales y ambientales de la actividad empresarial.